El juez Calama solicita a Estados Unidos permiso para usar en juicio los mensajes del móvil venezolano que mencionan a Zapatero

Un caso que cruza el Atlántico

La investigación judicial española en torno a la aerolínea Plus Ultra ha dado un salto de dimensión atlántica. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Calama ha dirigido una petición formal a las autoridades estadounidenses para obtener autorización expresa y poder utilizar como prueba en un eventual juicio oral el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo venezolano de la compañía. El dispositivo fue incautado en 2021 por Homeland Security Investigations (HSI), la rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y su contenido fue remitido a la Policía Nacional española en marzo de este año. Entre los mensajes recuperados aparecen referencias al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, lo que convierte esta solicitud en uno de los episodios más delicados de todo el proceso.

El origen del caso: Plus Ultra y el rescate controvertido

Para entender la magnitud de la petición del juez Calama es necesario remontarse al origen de la causa. En plena pandemia de COVID-19, el Gobierno español presidido por Pedro Sánchez aprobó en 2021 un rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La decisión levantó suspicacias desde el primer momento: Plus Ultra era una aerolínea pequeña, con escasa flota y aún más escasa cuota de mercado, y sus vínculos accionariales con Venezuela —en concreto con capitales cercanos al chavismo— generaron un intenso debate político y mediático.

La oposición, encabezada por el Partido Popular y Vox, denunció que el rescate respondía a criterios políticos antes que económicos, y que el dinero público podría haber beneficiado a intereses vinculados al Gobierno de Nicolás Maduro. La Audiencia Nacional admitió a trámite la causa, y el instructor del caso, el juez Calama, comenzó a recabar pruebas tanto en España como en el extranjero.

Rodolfo Reyes y el teléfono incautado en 2021

Rodolfo Reyes es el nombre que conecta los dos lados del Atlántico en esta investigación. Exdirectivo venezolano de Plus Ultra, Reyes fue objeto de diligencias por parte de Homeland Security Investigations en Estados Unidos en 2021, en el marco de pesquisas que, según fuentes judiciales, guardaban relación con movimientos financieros vinculados a Venezuela. Durante esas actuaciones, las autoridades estadounidenses requisaron su teléfono móvil.

Cuatro años después, en marzo de 2025, HSI remitió a la Policía Nacional española el contenido íntegro de ese dispositivo. Entre los mensajes almacenados aparecen conversaciones en las que se menciona al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, figura que en los últimos años ha actuado con frecuencia como mediador político en Venezuela y que mantiene una relación pública con sectores del oficialismo chavista. El contenido exacto de esas conversaciones no ha trascendido oficialmente, pero su mera existencia en el expediente ha disparado la atención política y periodística sobre el caso.

El procedimiento internacional: qué es la autorización que pide el juez

El hecho de que los mensajes hayan llegado a España no significa automáticamente que puedan usarse como prueba en un juicio. El derecho procesal penal establece garantías precisas sobre la cadena de custodia y la legalidad de la obtención de las pruebas. Cuando el material probatorio procede de una diligencia practicada en el extranjero por autoridades de otro Estado, el juez instructor necesita, en la mayoría de los casos, una autorización expresa de ese país para incorporarlo válidamente al proceso.

Este mecanismo se articula a través de comisiones rogatorias o, en el caso de países con acuerdos bilaterales o multilaterales de cooperación judicial, mediante solicitudes de asistencia jurídica mutua (MLAT, por sus siglas en inglés). España y Estados Unidos cuentan con un tratado de asistencia judicial que facilita este tipo de intercambios, aunque los plazos y las condiciones pueden variar según la naturaleza de la información solicitada y los procedimientos internos de cada agencia estadounidense.

Al pedir formalmente a Washington el permiso para usar los mensajes como prueba, el juez Calama actúa con escrupulosa ortodoxia procesal: garantiza que cualquier condena futura no pueda ser recurrida con éxito alegando irregularidades en la obtención del material. Es, en suma, un paso técnico pero de enorme trascendencia para la solidez de la acusación.

El papel de Zapatero: mediador, personaje y objetivo político

La aparición del nombre de Rodríguez Zapatero en los mensajes recuperados añade una dimensión política explosiva al caso. El expresidente socialista, que gobernó España entre 2004 y 2011, lleva años ejerciendo de facto como interlocutor informal entre el Gobierno venezolano y distintos actores internacionales. Ha participado en varias rondas de diálogo entre el chavismo y la oposición venezolana, y ha sido recibido en Caracas por altos cargos del gobierno de Maduro en múltiples ocasiones.

Su nombre ya había aparecido de forma tangencial en debates sobre las relaciones entre el PSOE y Venezuela, pero nunca en el contexto de una investigación penal formal ante la Audiencia Nacional. Que figure en mensajes incautados por una agencia de seguridad estadounidense y que esos mensajes sean ahora objeto de un procedimiento judicial en España supone un salto cualitativo significativo.

Desde el entorno de Zapatero no ha habido hasta ahora declaraciones públicas sobre este extremo concreto. La defensa de cualquier persona mencionada en una investigación —sin ser imputada formalmente— suele optar por el silencio o por señalar que la mera aparición del nombre en un mensaje no implica responsabilidad penal alguna, lo cual es jurídicamente correcto. Sin embargo, en términos políticos, la sola existencia de la solicitud judicial basta para reavivar el debate sobre los vínculos entre sectores de la izquierda española y el régimen venezolano.

Las implicaciones políticas en España

El caso Plus Ultra nunca fue solo un expediente judicial: desde el principio estuvo cargado de implicaciones políticas que trascienden lo estrictamente penal. El rescate se aprobó durante un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, y fue defendido por el Ejecutivo como una medida para proteger el empleo y mantener la conectividad aérea en un contexto de crisis sanitaria sin precedentes.

La oposición, en cambio, lo interpretó como un favor a intereses afines ideológicamente. La instrucción del juez Calama ha ido acumulando indicios que, según los acusadores particulares y la Fiscalía en algunos aspectos, apuntarían a irregularidades en la concesión del rescate. La llegada de material procedente de Estados Unidos y la solicitud formal a Washington intensifican la presión sobre todos los actores implicados.

Para el Partido Popular y otras fuerzas de la oposición, la petición del juez supone una validación judicial de sus tesis sobre la opacidad del rescate. Para el PSOE y el Gobierno, el caso representa un flanco incómodo que se resiste a cerrarse. En un contexto político marcado por la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo Sánchez y por una intensa polarización, cualquier novedad en este expediente adquiere una repercusión desproporcionada respecto a sus términos estrictamente jurídicos.

La cooperación entre España y la inteligencia estadounidense

Más allá del ruido político, el episodio pone de relieve un aspecto poco comentado pero de gran relevancia: el nivel de cooperación entre las autoridades judiciales y policiales españolas y las agencias estadounidenses de seguridad. Homeland Security Investigations es una de las ramas más activas del DHS en operaciones internacionales contra el crimen financiero, el narcotráfico y el blanqueo de capitales vinculados a regímenes como el venezolano.

Que HSI haya retenido el contenido del móvil de Reyes durante cuatro años y lo haya remitido en marzo de 2025 a España sugiere que ambos países han mantenido canales de comunicación activos sobre este caso durante todo ese período. También indica que la investigación española ha ido ganando consistencia suficiente como para que la parte americana considerara oportuno compartir material sensible. Este tipo de colaboración es habitual en casos de corrupción transnacional, pero raramente aflora en los titulares de forma tan explícita.

La autorización que ahora solicita el juez es el último eslabón de esa cadena de cooperación: una formalización legal que permita trasladar al proceso penal español pruebas obtenidas bajo la jurisdicción y los procedimientos del sistema legal norteamericano.

Qué puede pasar a partir de ahora

El desarrollo inmediato del caso depende de la respuesta que den las autoridades estadounidenses a la solicitud del juez Calama. Si Washington concede la autorización —lo cual, dado el contexto de cooperación ya existente, parece plausible aunque no garantizado—, los mensajes podrán incorporarse formalmente al sumario y, eventualmente, ser presentados en el juicio oral como prueba de cargo.

Eso abriría varios escenarios posibles:

• Si los mensajes acreditan vínculos directos entre directivos de Plus Ultra y personas cercanas al poder político español, la acusación podría fortalecer sustancialmente sus tesis sobre una concesión irregular del rescate.
• Si las referencias a Zapatero son de carácter político o mediador, sin implicación directa en la financiación o en la toma de decisiones sobre el rescate, su valor probatorio en términos penales sería limitado, aunque el impacto político seguiría siendo considerable.
• Si la autorización estadounidense se demora o se deniega parcialmente, el juez deberá valorar si puede sostener la acusación con el resto del material probatorio disponible.

En paralelo, cabe esperar que el caso continúe generando réplicas en el debate parlamentario español, especialmente en comisiones de investigación y en sesiones de control al Gobierno. La Audiencia Nacional, por su parte, deberá gestionar los tiempos de una instrucción que ya se prolonga varios años y que ha adquirido una dimensión internacional difícil de gestionar con rapidez.

El caso Plus Ultra, en definitiva, es mucho más que el rescate de una pequeña aerolínea en tiempos de pandemia. Es un nudo que une Madrid, Caracas y Washington; que entrelaza política exterior, financiación empresarial y cooperación judicial internacional; y que, con cada nuevo giro, recuerda que las consecuencias de las decisiones tomadas en el vértigo de la emergencia sanitaria siguen sin resolverse por completo.