El juez Calama obliga a Zapatero a declarar este miércoles por las joyas de su caja fuerte: no acepta la petición de aplazamiento

Un juez que no admite dilaciones

José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que declarar este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, tal y como estaba previsto, después de que el magistrado haya rechazado de plano la petición de su defensa para suspender o retrasar la comparecencia. El motivo del aplazamiento solicitado era la incorporación al sumario de dos nuevos cargos —contrabando y delito contra la Hacienda pública— relacionados con las joyas halladas en una caja fuerte durante el registro de la oficina del expresidente socialista. El juez Calama ha sido tajante: el descubrimiento de esas joyas se produjo el pasado 19 de mayo y era «plenamente conocido» por la defensa desde entonces, por lo que no constituye un «hecho nuevo» que justifique ningún tipo de demora.

La decisión sitúa al exjefe del Gobierno en una posición inédita en la historia política española reciente: un expresidente tendrá que responder, sin más tiempo de preparación del que ya ha tenido, sobre el origen y la situación fiscal de un conjunto de joyas valoradas en 1,3 millones de euros que aparecieron en su despacho.

El argumento de la defensa y por qué no convenció al juez

Los abogados de Zapatero habían argumentado que la nueva imputación formal por contrabando y delito fiscal era de conocimiento muy reciente —apenas cuatro días antes de la fecha de declaración— y que necesitaban tiempo adicional para localizar documentación que pudiera acreditar la procedencia lícita de las joyas y su eventual declaración ante la Agencia Tributaria. El argumento tiene una lógica procesal aparente: cuando un imputado ve ampliados los cargos en su contra, la defensa necesita reorientar su estrategia.

Sin embargo, el juez Calama desmontó esa línea de razonamiento distinguiendo entre la imputación formal —que efectivamente es reciente— y el conocimiento del hecho material que la sustenta. Las joyas fueron halladas durante el registro celebrado el 19 de mayo en la oficina del expresidente, y desde ese mismo momento la defensa sabía que existían y que podían dar lugar a investigación. Que el instructor haya tardado semanas en formalizar los cargos no significa que el descubrimiento sea nuevo, ni que la defensa haya estado ciega ante esa eventualidad. En consecuencia, el juez considera que ha habido tiempo suficiente para preparar las explicaciones pertinentes.

Esta distinción —entre hecho material y calificación jurídica— es clave en el derecho procesal penal y muestra que el magistrado no está dispuesto a permitir maniobras dilatorias en un caso que ya arrastra una notable complejidad.

Cuatro imputaciones: el peso acumulado del caso

Lo que empezó como una investigación relativamente acotada se ha convertido en una causa con múltiples frentes abiertos contra el expresidente. Zapatero llega a esta declaración no como un testigo ocasional, sino como imputado por cuatro delitos distintos:

• Tráfico de influencias: presuntamente derivado de su actividad como consultor o lobbista después de dejar la presidencia del Gobierno.
• Falsedad documental: relacionado con facturas que, según la instrucción, habrían servido para encubrir un lobby irregular.
• Contrabando: por la introducción en territorio español —o la tenencia— de las joyas sin haber pasado los controles aduaneros correspondientes.
• Delito contra la Hacienda pública: por no haber declarado esos bienes ante la Agencia Tributaria.

La acumulación de cargos no implica culpabilidad —en España la condición de imputado, ahora denominada «investigado», no supone ningún prejuicio sobre el resultado final del proceso—, pero sí refleja que la investigación ha ido ampliando su radio de acción a medida que nuevas pruebas e indicios han ido emergiendo durante los registros y pesquisas.

Importante recordar que esta causa se enmarca en el llamado caso Tito Berni, la investigación sobre redes de tráfico de influencias vinculadas al Partido Socialista y a distintos empresarios y lobistas que operaban en los aledaños del poder.

Las joyas: origen, valor y peritaje

El hallazgo que disparó los dos nuevos cargos se produjo durante el registro de la oficina de Zapatero el 19 de mayo. En el interior de una caja fuerte, los agentes encontraron joyas cuyo valor pericial asciende a 1,3 millones de euros. Ese dato —la tasación profesional— es fundamental, porque determina tanto la relevancia económica del asunto como el umbral a partir del cual pueden activarse determinadas figuras delictivas.

Las preguntas que el juez quiere que Zapatero responda son esencialmente tres: ¿de dónde proceden esas joyas? ¿Fueron introducidas en España a través de los canales aduaneros oficiales, con el pago de los aranceles e impuestos correspondientes? ¿Han sido declaradas ante la Agencia Tributaria como parte del patrimonio del expresidente o de su entorno familiar?

La procedencia es el punto más sensible. Si las joyas provienen del extranjero —y hay indicios de que así podría ser, dado que la prueba clave habría viajado desde Estados Unidos hasta la Audiencia Nacional, según información de elDiario.es— la cuestión aduanera adquiere una dimensión adicional. Introducir en España mercancías de valor sin declararlas en aduana puede constituir contrabando cuando se superan ciertos umbrales económicos, independientemente de si las joyas fueron adquiridas de forma lícita.

El delito fiscal, por su parte, sería independiente del contrabando: incluso si las joyas entraron legalmente en el país, podrían no haber sido incorporadas a ninguna declaración de renta o de patrimonio, lo que constituiría una irregularidad tributaria de considerable magnitud dado su valor.

El contexto: Zapatero, el lobbying y el caso Tito Berni

Para entender la magnitud de esta situación conviene recordar el origen de la investigación. El caso Tito Berni —apodo del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo— destapó una presunta red de tráfico de influencias en la que aparecían nombres vinculados al PSOE y al entorno empresarial que rodeaba al partido durante y después de la etapa de Zapatero en La Moncloa (2004-2011).

Zapatero, al igual que otros expresidentes y exaltos cargos en democracias occidentales, desarrolló tras su salida del poder una actividad en el ámbito de la consultoría y la mediación internacional. Esa actividad —que incluye conferencias, asesorías a empresas y mediaciones en conflictos internacionales— es perfectamente legal y habitual. El problema surge cuando esa influencia se ejerce de manera irregular, sin los registros y transparencia exigibles, o cuando se utilizan facturas falsas para camuflar la naturaleza real de los servicios prestados.

Las imputaciones por tráfico de influencias y falsedad documental van precisamente en esa dirección: el juez investiga si Zapatero actuó como un lobista no registrado que usó su red de contactos para favorecer intereses empresariales a cambio de contraprestaciones económicas que no quedaron debidamente documentadas ni declaradas.

Las joyas añaden una capa diferente al caso: no se trataría de irregularidades en la actividad profesional posgubernamental, sino de un patrimonio físico, tangible, guardado en una caja fuerte cuya procedencia requiere explicación.

Las implicaciones políticas y el debate sobre la impunidad

Más allá del plano estrictamente judicial, el caso tiene implicaciones políticas que no pueden ignorarse. Zapatero fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas completas y sigue siendo una figura de referencia en el socialismo español e iberoamericano, con una intensa actividad como mediador en crisis internacionales —Venezuela, Colombia, Nicaragua— y como conferenciante global.

El hecho de que un expresidente tenga que sentarse ante un juez de instrucción en calidad de investigado es, por sí solo, un acontecimiento político de primera magnitud. En España, la tradición de exigir responsabilidades penales a los más altos cargos políticos es relativamente reciente y aún genera tensiones entre quienes la ven como un avance del Estado de derecho y quienes la interpretan como una judicialización excesiva de la política.

La negativa del juez a aplazar la declaración tiene también un efecto político: impide que el asunto se diluya en el tiempo y obliga a Zapatero a dar explicaciones ahora, en pleno debate político español, sin posibilidad de esperar a que el ruido mediático se calme.

Desde el entorno del expresidente y del PSOE, la tendencia ha sido relativizar los cargos, recordar la presunción de inocencia —plenamente aplicable, como en cualquier causa penal— y subrayar que la imputación no implica condena. Lo que resulta más difícil de minimizar es la acumulación de frentes y la visibilidad del caso.

Qué puede pasar a partir de la declaración

La declaración de este miércoles no cierra el caso, sino que lo alimenta. Dependiendo de lo que Zapatero explique —o deje de explicar— ante el juez Calama, la instrucción puede tomar varios caminos:

• Si las explicaciones sobre las joyas son satisfactorias —es decir, si el expresidente puede demostrar la procedencia lícita de las mismas, su correcta importación y su declaración fiscal—, el juez podría retirar los cargos de contrabando y delito fiscal, aunque la investigación sobre tráfico de influencias y falsedad documental seguiría su curso.
• Si las explicaciones resultan insuficientes o contradictorias, la instrucción se reforzará y aumentará la probabilidad de que el caso llegue a juicio oral.
• Si Zapatero se acoge a su derecho a no declarar —algo perfectamente legal para cualquier investigado—, el juez no podrá obligarle a responder, pero esa decisión tiene un coste político evidente y no detiene la investigación.

Paralelamente, la defensa puede recurrir la decisión del juez ante instancias superiores, aunque los tiempos procesales hacen poco probable que una eventual resolución favorable llegue antes de la hora señalada para la comparecencia.

El caso Zapatero, con sus cuatro imputaciones y el telón de fondo del lobby, las joyas millonarias y la red de influencias investigada, se perfila como uno de los procesos judiciales con mayor impacto político en la España de los próximos meses. La declaración de este miércoles es solo el siguiente capítulo de una historia que, a juzgar por la complejidad del sumario, aún tiene muchos páginas por escribir.